“La desigualdad es el origen de todos los movimientos sociales”
Rusell G.
“La filosofía del no silencio y de la insolencia es lo que requiere nuestra nación. [...] Fomentar la insolencia, dándole posibilidad de tener voz a la conciencia social de las clases hostigadas, puede ser una de las vías para construir otra forma de gobierno. El punto toral es educar: diseminar la idea, con insolencia, de que no podemos seguir siendo una nación atropellada”.
Arnoldo Kraus
“Los movimientos sociales no pueden ser derrotados por la represión, por más terrible que ésta sea, salvo mediante el exterminio masivo de sus miembros”.
Raúl Zibechi
Rusell G.
“La filosofía del no silencio y de la insolencia es lo que requiere nuestra nación. [...] Fomentar la insolencia, dándole posibilidad de tener voz a la conciencia social de las clases hostigadas, puede ser una de las vías para construir otra forma de gobierno. El punto toral es educar: diseminar la idea, con insolencia, de que no podemos seguir siendo una nación atropellada”.
Arnoldo Kraus
“Los movimientos sociales no pueden ser derrotados por la represión, por más terrible que ésta sea, salvo mediante el exterminio masivo de sus miembros”.
Raúl Zibechi
INTRODUCCIÓN
Los movimientos sociales en México han sido una constante histórica desde la época de la Colonia novohispana. El siglo XIX mexicano fue rico en movilizaciones sociales, desde el gran movimiento insurgente por la Independencia, pasando por la lucha contra las intervenciones extranjeras, hasta la participación popular en el enfrentamiento entre Conservadores y Liberales. Al triunfar el proyecto liberal, los grupos sociales marginados continuaron movilizados en defensa de sus intereses y de su patrimonio. La consecuencia de esto fue el gran estallido social de la Revolución a inicios del siglo XX. Finalizada la confrontación interna, las condiciones económicas y políticas posrevolucionarias resultantes no desactivaron la movilización social generada por el descontento y la exclusión, al contrario, la exacerbaron. En los últimos 40 años, la presencia y la actuación de los movimientos sociales de reivindicación han definido el diseño y la aplicación tanto de las políticas sociales del Estado mexicano, como de mecanismos de control social, por parte de los sucesivos gobiernos, frente a la creciente inconformidad social. Por otra parte, estas movilizaciones también han generado formas novedosas y efectivas de organización autónoma y de acción independiente de la sociedad ante la élite que monopoliza el ejercicio del poder desde finales de la década de 1930. Al observar las actuales condiciones sociales, culturales, económicas y políticas en México, resulta evidente la necesidad de recuperar, con carácter de urgente, todas estas experiencias, con la finalidad de construir, de manera colectiva, una nueva forma de participación social dentro de un esquema amplio de poder ciudadano alterno, en contraposición a la monolítica, opresiva y represiva institucionalización oligárquica del poder hoy vigente en nuestro país.
ANTECEDENTES
Si bien es cierto que los movimientos sociales reivindicativos no son ninguna novedad en México, pues se ha documentado su persistencia casi ininterrumpida desde el siglo XVI (apenas finalizada la conquista militar de la hegemónica nación culhua-mexica por parte de los españoles), no es menos cierto que la naturaleza de la movilización social, como expresión de inconformidad, sufrió un cambio notable hacia finales del siglo XIX y principios del XX, cuando los efectos de la Revolución Industrial se extendieron por Latinoamérica: “Los grandes adelantos técnicos del siglo XIX, así como las transformaciones socioeconómicas y políticas asociadas a ellos, llegaron con 40 año de retraso, en promedio, a América Latina […]” (De la Cruz Gamboa y Robles de De la Cruz, 1981: 37). Con el arribo del general Porfirio Díaz a la presidencia en 1876 (iniciando una serie de reelecciones irregulares hasta 1911), se aceleró el proyecto de modernización capitalista del país, lo cual implicaba la implantación del Positivismo (“orden y progreso”, “más administración que política”) y la importación de tecnología y maquinaria industrial moderna, ambas procedentes, sobre todo, de Europa. Hasta entonces, la exportación de materias primas y de productos agrícolas había sido la base para el sostenimiento de una economía favorable para las clases sociales privilegiadas.
Pero no solo llegaron corrientes ideológicas oligárquicas, maravillas tecnológicas y novedosas formas de producción industrial, también sobrevinieron ideas contestatarias: “Las ideas llegaron con los perseguidos políticos, con las noticias del movimiento de 1848, con la propaganda del mutualismo, del anarquismo y del marxismo. Más tarde llegaría la influencia del sindicalismo norteamericano” (De la Cruz Gamboa y Robles de De la Cruz, 1981: 38). Tales ideas pudieron implantarse en México por el desarrollo, cada vez más acelerado, de una clase obrera urbana, un proletariado fabril, concentrado sobre todo en la Ciudad de México. Al margen de estas nuevas corrientes opositoras de pensamiento, persistía en el país un amplio movimiento agrarista, gestado desde la Conquista misma, y profundizado al triunfar los Liberales en 1867, con la aplicación de las Leyes de Reforma para abolir la propiedad colectiva de las tierras y proteger los derechos de propiedad de los terratenientes, reprimiendo por la fuerza cualquier protesta violenta por parte de los campesinos:
“La época liberal fue especialmente trágica para los campesinos e indígenas, pues los políticos y burócratas mexicanos los consideraban un obstáculo para el progreso y en consecuencia […], decididos a imponer al pueblo mexicano el capitalismo occidental […] y creyendo que la economía rural nunca podría ser integrada al modelo capitalista, se propusieron disminuir el número de campesinos permitiendo la enajenación de las tierras comunales […] en beneficio de inmigrantes europeos, con la idea de crear una clase pequeño-burguesa agrícola que hiciera progresar al campo […], transformando al campesinado en proletariado rural”.
(Powell, 1974: 151–153)
De esta manera, bajo el periodo porfirista (1876–1911), se gestaron, o bien se radicalizaron, múltiples y pujantes movimientos sociales en el país, urbanos y rurales, de las clases bajas y de las clases medias, cuya influencia no ha dejado de percibirse hasta hoy:
“Desde 1870 se desarrolló un vigoroso movimiento anarcosindicalista en México, que generó varias huelgas importantes (1903, 1906, 1908 y 1909) y organizó cuatro insurrecciones armadas (1877, 1906, 1908 y 1910) […] En 1865 y 1877, un reducido grupo de socialistas utópicos ya organizaba huelgas en la capital reclamando mejores salarios, la reducción de la jornada laboral y la abolición de las tiendas de raya […] Entre 1885 y 1888 operó una guerrilla rural marxista en Sinaloa y Durango haciendo llamados al levantamiento popular contra el porfirismo […] Muchos fueron los levantamientos agraristas contra el despojo de tierras practicado por los terratenientes y las condiciones semiescalavas del peonaje hacendario (1878, 1881, 1882, 1883, 1891 y 1905)”.
(De la Cruz Gamboa y Robles de De la Cruz, 1981: 38–45)
A pesar de los esfuerzos del régimen porfirista por desarrollar el capitalismo en México, se presentó una contradicción insalvable: “[…] gracias a la inversión de capitales europeos y estadounidenses se había logrado un cierto desarrollo en ramas como la extracción petrolera, la minería, la agricultura de exportación y el comercio, pero las condiciones semifeudales y semiesclavas en la explotación de la mano de obra impedían el libre desarrollo de un verdadero proletariado industrial” (Becerra Juárez, Correa Villanueva, Costa Ayube, et al, 2002: 48). La contradicción se complicó cuando estalló la crisis mundial de sobreproducción en 1907, restringiendo el mercado internacional y generando una feroz competencia entre las burguesías de las naciones industrializadas: “La crisis impactó profundamente a México, fracturando a la clase social dominante, radicalizando a los diversos movimientos contestatarios y reivindicativos, y desatando, finalmente, una violenta confrontación interna, con visos de lucha de clases, conocida como Revolución Mexicana (1910-1921)” (Gallo T., Ruiz Ocampo y Franco Torres, 1996: 11).
Al finalizar el conflicto armado, con la victoria política y militar de sectores de la pequeña burguesía capitalista del norte del país sobre la aristocracia semifeudal hacendaria y sobre las fuerzas agraristas campesinas, sobrevino un periodo de inestabilidad política generada por los continuos choques entre la diversas facciones sobrevivientes en pugna por el poder. Hacia 1929 se dio la última gran confrontación de este tipo: “[…] la derrota de la rebelión militar escobarista y de la revuelta campesina cristera contra los gobiernos de Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil, permitió el desarrollo de un proceso de estabilización del nuevo régimen posrevolucionario expresado a través de un partido hegemónico de Estado: el Partido Nacional Revolucionario (PNR)” (Mancisidor, 1976: 35). Este partido político unificó los intereses de todo el bloque oligárquico y facilitó el camino para que las pugnas de la clase dominante se resolvieran institucionalmente sin recurrir a levantamientos armados. La dominación burguesa de nuevo tipo sobre México entró en franca y firme consolidación en el poder: “El PNR sufrió dos mutaciones: en 1938 se reestructuró de acuerdo a los cánones corporativistas del cardenismo y fue refundado bajo la denominación de Partido de la Revolución Mexicana (PRM), y en 1946 volvió a experimentar una nueva reestructuración de corte populista y demagógico, denominándose ahora Partido Revolucionario Institucional (PRI)” (Gallo T., Ruiz Ocampo y Franco Torres, 1996: 101).
La guerra civil revolucionaria ocasionó, naturalmente, la destrucción de casi toda la infraestructura económica del país y el estancamiento de muchas actividades económicas: “Hacia 1920, se sufrían los efectos de la destrucción y desorganización masivas que afectaron en distintos grados todos los sectores de la vida económica de México, generando una depresión económica, aunque no en todas las regiones ni en todas las ramas económicas, […] la extracción petrolera no solo no se interrumpió, sino que se incrementó al amparo de la protección de los vencedores” (Gallo T., Ruiz Ocampo y Franco Torres, 1996: 63-64). Los gobiernos posrevolucionarios combinaron cambios en algunos sectores con la continuidad de las políticas porfiristas en otros: “[…] hubo cambios importantes en la estructura de la propiedad de tierras, aunque no por el éxito de las ideas agraristas, sino por el desplazamiento de la élite porfirista […]; se ha dicho también que los regímenes mexicanos desde los años veintes mantuvieron prácticamente intocable la propiedad extranjera. Sin embargo, […] se generó un Estado francamente intervencionista, clave del desarrollo económico.” (Gallo T., Ruiz Ocampo y Franco Torres, 1996: 64-65). Aún así, el impacto de la nueva crisis capitalista mundial en 1929 no puede ser ignorado, pues generó movilizaciones sociales, así como la violenta represión de los mismos: “La crisis de 1929 tendría graves repercusiones en nuestro país […], el proyecto económico se hizo poco viable pues seguía basándose en la exportación de materias primas […] Este marco de crisis puede explicar la represión a los movimientos obreros independientes y la creciente burocratización y corrupción de las centrales obreras […] los regímenes de los años veintes mostraron poca flexibilidad frente a los problemas sociales, creando un gran descontento entre obreros y campesinos” (Gallo T., Ruiz Ocampo y Franco Torres, 1996: 59-60).
La insoslayable necesidad de articular un nuevo proyecto económico, generó la creación desde la élite de un nuevo modelo socioeconómico. Mientras se practicaba una política económica nacionalista e intervencionista (reparto agrario, expropiación ferrocarrilera, expropiación petrolera), el partido de Estado estableció un férreo y estricto control sobre las estructuras sociales: “Bajo el cardenismo, el Estado mexicano adoptó el modelo corporativista ideado por el fascismo italiano y el stalinismo soviético para optimizar el control social […], posteriormente Ávila Camacho ampliaría este modelo para incluir a nuevos sectores sociales […]: CTM (obreros), CNC (campesinos), CNOP (clase media), CJM (estudiantes), CONCAMIN (industriales), CONCANACO (comerciantes), ABM (banqueros), COPARMEX (empresarios), CEM (cúpula eclesial), EMP (cúpula militar), DFS (cuerpos de seguridad nacional), son los más destacados […]” (Aguilar Mora, 1978: 65). Gracias a esta estructura logró conservar el poder político mexicano, de manera ininterrumpida, durante 70 años. Ocasionalmente, enfrentó desafíos electorales independientes en demanda de una auténtica democracia (el movimiento vasconcelista en 1929 y el movimiento henriquista en 1952) y, en tales casos, aplicó mecanismos de represión preventiva: “[…] detenciones arbitrarias, asesinatos impunes, amenazas, golpizas, atentados, coerción del voto ciudadano y fraude electoral, el gobierno demostraba su eficacia, capacidad represiva y absoluto control de la burocracia nacional” (Gallo T., Ruiz Ocampo y Franco Torres, 1996: 112).
Después del cardenismo, México entró en un importante periodo de crecimiento económico conocido como “Milagro Mexicano” (1940-1970), durante el cual se generaron importantes cambios estructurales, sobre todo en el área de la industrialización y el crecimiento demográfico, concentrándose gran parte de esta población en las ciudades, sobre todo en las de mayor crecimiento económico (Distrito Federal, Toluca, Monterrey, Guadalajara). Este desarrollo económico se acompañó de una creciente tendencia “derechista” dentro de los subsecuentes gobiernos: “[…] se fueron imponiendo una serie de limitaciones a la participación política abierta y plural por parte de la sociedad, solo la élite disfrutaba de tales libertades, aparecieron así el presidencialismo, la hegemonía del partido de Estado (que se volvió casi único) y se fortaleció al extremo el corporativismo social […]; las reformas sociales se fueron deteniendo y en algunos casos (como el reparto agrario) se revirtieron, en tanto que crecía la dependencia económica y política hacia los Estados Unidos a raíz de la Segunda Guerra Mundial” (Gallo T., Ruiz Ocampo y Franco Torres, 1996: 99-101). Las consecuencias de tales políticas fueron apreciables: “A partir de 1940, se desarrolló la versión definitiva del capitalismo monopólico enquistado en la economía mexicana […]” (Cockcroff, 2001: 157); así, surgió una élite burocrática burguesa aliada a intereses extranjeros, predominantemente estadounidenses, que concentraba en sus manos el poder político, el control social y el disfrute de la riqueza nacional, mientras la gran mayoría de la población se mantenía completamente marginada y empobrecida. Esta situación económica y política, aunada a las cíclicas crisis propias a la economía capitalista, generó amplios movimientos sociales contestatarios y reivindicativos en ascenso desde finales de la década de 1950, aunque el periodo culminante de estas movilizaciones ocurrió entre la segunda mitad de la década de 1960 y la primera de la década de 1970.
Si bien existía un partido hegemónico de Estado que controlaba a todas los sectores sociales a través del corporativismo fascista, eso no detuvo la formación de grupos en pugna, con intereses encontrados, dentro del bloque burgués oligárquico en el poder. De esta manera, durante el periodo que va de 1940 a 1954, se dio una dura lucha por la dirección política del sistema político mexicano: “Cárdenas se vio obligado, por distintos factores nacionales e internacionales, a optar por un sucesor conservador (Manuel Ávila Camacho) en 1940, pero los grupos más radicales del cardenismo presionaban por evitar la entronización de la corriente conservadora del PRM, destacando Miguel Henríquez Guzmán, encabezando al grupo más progresista. En las elecciones de 1952, la corriente conservadora impuso a Miguel Alemán en la presidencia por la vía del fraude y la represión masiva (masacre de la Alameda Central), a pesar de la clara victoria obtenida por la corriente progresista de Miguel Henríquez. Comenzaba así la etapa de mayor enfrentamiento oligárquico y de mayor represión al malestar social” (Ramírez, 1998). Durante este periodo, las pugnas internas, dentro del gobierno y la clase dominante, ocurrieron para definir la línea de gobierno dentro del régimen posrevolucionario. Asimismo, se manifestaron las desviaciones e incongruencias ideológicas de las organizaciones corporativistas creadas por el cardenismo. Al mismo tiempo, se consolidó la estructura piramidal del sistema autoritario, con el presidente de la República como máxima autoridad (el presidencialismo). Los sucesivos regímenes abandonaron sus compromisos de clase y las alianzas de masas se redujeron a mecanismos de control corporativista.
La primera etapa del llamado “Milagro Mexicano”, correspondiente al auge económico y denominada “Sustitución de Importaciones”, se agotó hacia la segunda mitad de la década de 1950; a partir de 1956, si bien se mantuvo el crecimiento económico sostenido, la rapidez de tal crecimiento se fue frenando gradualmente, pues la alta demanda de materias primas mexicanas en el exterior dejó de presentarse al establecerse un nuevo esquema de alianzas internacionales dentro del marco de la llamada Guerra Fría (el enfrentamiento ideológico, económico y político entre las dos potencias dominantes: la URSS y los EEUU): “Al concluir la Guerra de Corea, que dio inicio a la Guerra Fría, la economía de Estados Unidos entró en una recesión que provocó una caída en las exportaciones agrícolas mexicanas, factor clave dentro del modelo económico; a esto debe sumarse la recuperación económica de Europa, el desarrollo de la petroquímica, la disminución de precios internacionales y el desarrollo de las agroindustrias (revolución verde) en los países desarrollados” (Gallo T., Ruiz Ocampo y Franco Torres, 1996: 118). Los ingresos del gobierno decrecieron, el endeudamiento se incrementó y se presentaron las primeras devaluaciones e inflaciones, los campesinos y los obreros comenzaron a mostrar signos de descontento. Para tratar de paliar la situación, se implementó un nuevo modelo llamado “Desarrollo Estabilizador”: “[…] consistía en un mayor intervencionismo estatal sobre las variables económicas, un incremento de la inversión extranjera (iniciándose el programa de áreas fronterizas de maquiladoras extranjeras) y mayor dependencia de los ingresos generados por la venta de petróleo en el exterior. En consecuencia, se incrementaron los procesos de monopolización y se desarrolló el sector financiero de la burguesía mexicana. Inició así el desarrollo del sector turístico y la penetración de empresas agroindustriales extranjeras, lo cual generó crisis en el sector agrario al ser completamente sacrificado a favor del sector industrial” (Gallo T., Ruiz Ocampo y Franco Torres, 1996: 119-120).
En este contexto, entre 1956 y 1968, estalló la disputa política entre el partido de Estado y fuerzas políticas de oposición, especialmente de izquierda. Esta disputa inició en 1956 con el conflicto dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyos integrantes, encabezados por líderes izquierdistas, iniciaron un movimiento disidente exigiendo la democratización del mismo y el fin del corporativismo controlado desde el Estado. Tras este movimiento, sobrevino una avalancha de movilizaciones sindicales con las mismas demandas: “A lo largo de la siguiente década, la estructura sindical controlada por el Estado fue sacudida por movimientos de independencia: maestros, ferrocarrileros, telegrafistas, petroleros, electricistas, telefonistas y la creación de uniones obreras” (Ramírez, 1998). Simultáneamente, la inconformidad campesina fue creciendo hasta generar estallidos aislados en algunas regiones especialmente golpeadas por la crisis: “El sector agrícola estaba al borde del desmantelamiento debido al acaparamiento de tierras en manos de empresas extranjeras madereras, agroindustriales, de bienes raíces y de desarrollo de complejos turísticos (es la época en que comienza el desarrollo de polos turísticos como Acapulco o Cuernavaca) […] las luchas campesinas de la Central Campesina y la Unión General de Obreros y Campesinos, la irritación agrarista tras el asesinato del líder Rubén Jaramillo en 1962 y la aparición de los primeros brotes guerrilleros rurales, eran síntomas de una agitación social importante” (Ramírez, 1998).
No eran movimientos sociales de simple oposición o de disidencia interna, sino de auténtica ruptura violenta con el Estado. En este ambiente se forjaron generaciones de profesores y estudiantes universitarios que después aparecieron en 1968 en agrupaciones sociales que luchaban abiertamente contra el Estado. De esta manera, hacia 1958 se abrió en México un nuevo periodo de luchas populares: “[…] la vida política nacional daba la apariencia de paz y tranquilidad. De esa paz surgió la lucha obrera por democratizar a las instituciones del país. En 1957, los ferrocarrileros organizaron una huelga que terminaría por reconquistar la dirección de su sindicato. A ellos se unieron petroleros, telefonistas, telegrafistas, maestros, estudiantes, etc. Había agitación, mítines, paros, huelgas. Paralelamente, se desarrollaba en el campo un nuevo ascenso de luchas por la tenencia de la tierra que llevaría a numerosos grupos campesinos a abandonar las peticiones legales y a invadir las tierras haciéndose justicia por sí mismos, sobre todo en Guerrero, Oaxaca, Morelos y Chihuahua. La insurgencia cívica crecía, colmaba las calles y rebasaba los mecanismos de control social” (Scherer García y Monsiváis, 2004: 168). Para hacer frente a esta crisis social, el presidente, Adolfo López Mateos, inició una fuerte escalada represiva a partir de 1959. La intervención de las fuerzas políticas de “izquierda” en todo este proceso fue totalmente equivocada y desafortunada, no solo no apoyaron a los movimientos sociales que se manifestaban, sino que incluso los acusaron de extremistas, provocadores, ingenuos e impacientes.
Tras el gobierno de López Mateos, asumió el poder un régimen de mano dura, que no estaba dispuesto a negociar ni a conceder ante los reclamos de los movimientos sociales: “[…] apenas iniciado el gobierno de Díaz Ordaz, estallaron los movimientos huelguísticos de los telegrafistas y los médicos en 1965, iniciando una etapa de rebelión en amplios sectores de la clase media, marcando la creciente politización de la población y su voluntad de independencia frente al Estado” (Mancisidor, 1976: 96). El nuevo gobierno acabó con estos conflictos laborales mediante la represión abierta. La respuesta opositora fue una gran agitación social y política entre los sectores campesinos y estudiantiles de Guerrero, Chihuahua, Sonora, Tabasco y el Distrito Federal, además de intensos debates en una franja importante de grupos radicales que comenzaban a optar por la lucha armada. Todos estos movimientos sociales fueron combatidos a través de cuatro políticas que se aplicaban según las circunstancias: “La realización de pequeñas concesiones a los inconformes: repartos de tierras, prestaciones menores, bonos, aumentos especiales, etc. La aplicación de múltiples mecanismos de cooptación y corrupción de líderes, ofreciéndoles privilegios, dinero, tierras, bienes, puestos públicos, etc. La represión selectiva y el terrorismo limitado contra los movimientos más intransigentes: amenazas, secuestros, golpizas, encarcelamiento, despidos, atentados, asesinatos y desaparición. En casos extremos, el uso de las fuerzas policíacas y militares para reprimir abiertamente a los inconformes” (Scherer García y Monsiváis, 1999: 129-130). Esta actitud represiva fue una de las causas fundamentales de la revuelta estudiantil de 1968 y de la radicalización de amplios sectores de la sociedad.
Parte de estos sectores se rebelaron contra el orden social existente mediante formas de autodefensa y resistencia armada que terminaron declarándole la guerra al Estado. Este proceso de radicalización llevó a toda una generación de jóvenes estudiantes y campesinos a buscar cambios en el país mediante la lucha armada. Entre 1965 y 1968, aparecieron los primeros movimientos armados de ideología socialista, reivindicando los reclamos agraristas, laborales y populares que no habían sido atendidos por los regímenes posrevolucionarios: “Estos primeros movimientos armados contaban entre sus filas con dirigentes estudiantiles y luchadores sociales experimentados que habían construido previamente una importante base social de apoyo campesino” (Ibarra Hernández, 2006: 105). De esta manera, siguiendo las crónicas realizadas por Glockner (2007) y Castellanos (2007), podemos establecer que entre 1964 y 1968 surgieron grupos guerrilleros en Chihuahua, Distrito Federal, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sonora, Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Durango. Prácticamente todos fueron aniquilados o desmantelados. En este contexto, hacia la segunda mitad de la década de 1960, se fraguaban acciones, debates, acontecimientos que pusieron en el centro de la discusión el reformismo de los partidos tradicionales de izquierda y la posibilidad de una nueva revolución social.
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL POPULAR DE 1968
En la historia reciente de México, el Movimiento Estudiantil Popular de 1968 es un capítulo obligado de estudio y análisis, hacerlo nos muestra que fue resultado de las luchas políticas y sociales precedentes. La movilización estudiantil en México no fue un hecho aislado, debemos inscribirla en un contexto mundial. Siguiendo la secuencia de acontecimientos presentada por Ehrenreich y Ehrenreich (1970), observamos que entre enero de 1968 y octubre de 1969 se desarrollaron 28 movimientos estudiantiles en el mundo. No había razones para esperarlos. El desempleo era bajo en todas partes, las clases medias vivían una época de bonanza, los trabajadores compraban automóviles, televisores, lavadoras, etc. Era la época de las reformas. ¿Cómo explicar entonces esta oleada de movilizaciones de protesta por parte de las clases medias, mismas que habían sido muy favorecidas en este periodo a ambos lados del Muro de Berlín? Los intelectuales liberales especulaban acerca de un supuesto “abismo generacional” que no explicaba por qué la juventud estudiantil se había sumado masivamente a la oposición en todas partes y al mismo tiempo: “[…] no tardaron en hablar de un “complot internacional”, sobre todo en pleno auge de la Guerra Fría, cuyo origen variaba de acuerdo a la posición geográfica del proponente: los gobiernos occidentales capitalistas hablaban de la “conjura comunista”; los regímenes “socialistas” insistían en la “infiltración imperialista”” (Scherer y Monsiváis, 1999: 128). La mejor explicación de este fenómeno es aportada por un exguerrillero argentino y lo hace de una manera aplastantemente simple y clara: “La rebelión existió porque preexistía una crisis” (Santucho, 2004: 59).
Es importante destacar que existía una trama económica detrás de este Movimiento. Desde 1930 la empresa petrolera anglo-holandesa Shell-BP había descubierto el gigantesco yacimiento de Poza Rica, Veracruz, que tuvo una producción acumulada de 961 millones de barriles y permitió mantener un ingreso nacional constante, suficiente para mantener el ritmo de crecimiento económico del país. Pero este yacimiento comenzó a declinar en la segunda mitad de la década de 1960:
“[…] cuando el yacimiento empezó a declinar, empezó la quiebra del modelo llamado “Desarrollo Estabilizador” basado en las petrodivisas. Dado el agotamiento de los ingresos petroleros, había que echar a andar la paraestatal oculta creada desde 1942: la narco-economía. A principios de la década de 1940 el Estado mexicano había perdido el control del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa (que demandaban grandes cantidades en el frente), y era ya controlado por grupos privados de traficantes: los cárteles. En ese contexto, el gobierno mexicano pactó una alianza político-económica con los cárteles de Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Cuando finalmente el yacimiento de Poza Rica se agotó en 1966, fue necesario sustituir las petrodivisas con narcodivisas. Pero la lucha por el control del nuevo modelo económico fracturó al grupo en el poder y el conflicto se infiltró hasta las clases medias urbanas. Los grupos de nacionalistas y de la izquierda se enfrentaron al proyecto “modernista y moderado” de los primeros cuadros del incipiente neoliberalismo mexicano. Se perfiló así el primer choque entre los advenedizos neoliberales y los “nacionalistas revolucionarios” tradicionales dentro del PRI”.
(Jiménez Cantú, 2005: 2)
Expresión de este conflicto fue el Movimiento Estudiantil Popular de 1968, que se puede definir como un movimiento insurreccional popular caracterizado fundamentalmente por la definición de un adversario común bien localizado: el Estado mexicano, sus instituciones corruptas y sus aparatos opresores-represores antidemocráticos. Este movimiento aglutinó a tres sectores sociales heterogéneos en una insólita alianza contra ese adversario Tal conglomerado de fuerzas se veía afectado por las acciones del gobierno mexicano y se vio obligado a aliarse para enfrentar al enemigo común en el poder, aunque por diferentes razones, pues tenían expectativas diferentes:
“Estaba por un lado el bloque democrático-burgués. Aquel año, México se encontraba en los inicios de una lucha sexenal por la sucesión a la Presidencia de la República; desde años antes, los elementos democrático-burgueses del propio régimen, disidentes del aparato gubernamental autoritario, reclamaban al Estado el hecho de haber dejado insatisfechas las demandas fundamentales del programa de la Revolución Mexicana. Esta corriente, pugnaba por democratizar las instituciones y para mediados de 1968 estaba en una sorda confrontación contra el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Por otra parte, estaba el bloque pequeño burgués radicalizado, formado por amplios sectores clase-medieros de la pequeña burguesía radicalizada, representada por jóvenes universitarios, profesionistas y grupos políticos de izquierda, que se integraron al movimiento por su ideología opuesta al conservadurismo reaccionario y por su rechazo al autoritarismo del bloque gobernante. Este bloque asumió la dirigencia política del movimiento y elaboró el Pliego Petitorio de Seis Puntos. Y finalmente, estaba el bloque proletario radicalizado. Se trataba de sectores sociales empobrecidos, representados por estudiantes de escasos recursos, grupos insurreccionales semiclandestinos y algunos sectores obreros y campesinos que llevaban ya algún tiempo enfrentados con el Estado. Este bloque tenía la meta de lograr un cambio social radical. Sus miembros no se volvieron líderes del movimiento, sabían que su lugar no estaba en las asambleas del CNH; no acudieron al llamado de diálogo, pero hicieron suya la calle y desde ahí hicieron suyo el trabajo político y organizativo de base, el volanteo y el contacto con las clases proletarias, a las que animaban a participar en el movimiento”.
(Castillo, 1988: 3)
Entre julio y septiembre de 1968, la insurrección popular y estudiantil se tornó incontrolable. Las brigadas estudiantiles operaban ya en las principales ciudades del país, incluyendo en su estructura a grupos de autodefensa. Comenzaban a surgir planteamientos sociopolíticos peligrosos para la élite en el poder, como el de José Revueltas respecto a la autogestión: “Revueltas proponía una idea clave: “cualquier movimiento revolucionario es socialista porque las necesidades de democracia cabal que plantean sólo pueden ser satisfechas cuando el proletariado se libere a sí mismo y a la sociedad en conjunto”; coherente con esto, propuso la autogestión académica para establecer el concepto y la práctica de la democracia cognoscitiva dentro de las Universidades. Se trataba de desarrollar el automanejo y la autodirección de las actividades académicas para construir un cogobierno universitario entre estudiantes y profesores, a fin de nutrir y desarrollar cuadros profesionales, abolir las especializaciones y evitar que las universidades estuvieran al servicio de la clase dominante. La perspectiva de la autogestión se proyectaría a las actividades productivas y a la vida social como un todo, por medio de comités y consejos populares” (Boltvinik, 2008).
Durante septiembre de 1968, los choques entre estudiantes y manifestantes, por un lado, y policías, granaderos y grupos paramilitares, por otro, se multiplicaron, ya totalmente fuera del control del gobierno y de los grupos políticos involucrados en el conflicto. La participación activa de habitantes de algunas zonas de la ciudad y de algunos sindicatos y grupos campesinos dentro del movimiento, incluso dentro de las brigadas de autodefensa contra los cuerpos policíacos y paramilitares, alarmaba enormemente al gobierno y sus aliados: “La inexistencia del Movimiento Estudiantil en los medios masivos de comunicación era una de las grandes apuestas del gobierno, hacer como que no pasaba nada, y cuando esto no funcionaba, golpear, encarcelar, asesinar. Las listas de estudiantes aprehendidos o muertos se acumulaban cada semana” (Castillo, 1988: 17). El clima de confrontación social llegó a tal grado, que el gobierno debió ordenar la ocupación militar de los campus universitarios para tratar de desarticular al Movimiento. Cuando incluso esto resultó insuficiente, se procedió a la represión a gran escala hasta desembocar en los eventos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Tras la masacre del 2 de octubre, el movimiento estudiantil cayó en un repliegue y un marasmo profundos. Para principios de los setenta el bloque de fuerzas que dio vida al 68 estaba hecho añicos. Las fuerzas burguesas y pequeño-burguesas, pasaron a formar filas en los destacamentos de la contrainsurgencia y en la revitalización del sistema capitalista dependiente mexicano. Esta línea se mantuvo durante el resto del período presidencial de Díaz Ordaz, el cual concluyó en 1970. Cuando llegó el cambio de gobierno se hizo evidente el cambio de estrategia del sistema, aunque no de objetivo.
El control total de los medios masivos de comunicación y de las universidades, además del tremendo control ejercido por el partido hegemónico, condujeron al Estado burgués mexicano a iniciar tibias reformas de participación política que tardaron nueve años para llegar al reconocimiento de los derechos políticos de los primeros partidos políticos opositores. Las tímidas reformas políticas y los limitados avances que la economía del país experimentó, fueron dejando en el olvido las aspiraciones de bienestar y seguridad social, dándose el fenómeno de incorporación de disidentes en los sucesivos gobiernos: “En unos cuantos años de mediana democracia burguesa, la izquierda pequeñoburguesa abandonó la lucha popular, universitaria, sindical y campesina para centrarse únicamente en la lucha electoral. La ideología dio paso al oportunismo. Los líderes políticos con aspiraciones progresistas y revolucionarias fueron desplazados por mercaderes de la política, quienes se refugiaron felices en el reparto de posiciones y subsidios oficiales” (Castillo, 1988: 21). La derrota del Movimiento Estudiantil permitió al gobierno castigar a las universidades públicas: “[…] se redujeron los presupuestos, congelando sus matrículas, congelando los salarios a docentes, estableciendo categorías salariales para disminuir los salarios reales, obstaculizando y dificultando la promoción académica de los profesores para impedirles mejorar sus ingresos, propiciando que muchos excelentes profesores abandonaran la docencia y ocupando esas plazas profesores mediocres y dóciles, incondicionales del sistema” (Gómora, 2005). La lucha sindical, los movimientos de masas, el trabajo de cooperativas en el campo, las drogas, el suicidio, la lucha ecologista, la titulación y el trabajo profesional, las universidades, la coerción, la cooptación gubernamental, llevaron a muchos a militar incluso en las filas del partido oficial, para solapar en el futuro inmediato al sistema de poder, a la desigualdad socioeconómica, a la corrupción, a los fraudes:
“Los analistas oficiales solo hablan de la masacre de Tlatelolco, del “espíritu jovial de relajo” que supuestamente guiaba al movimiento y de las Reformas Políticas “logradas”. ¿Y la organización celular en brigadas y comités?, ¿y la autogestión organizativa?, ¿y la autodefensa? De eso nada. Esas cosas no pasaron. Todo es presentado casi como el preludio o la preparación para aquella tarde de ignominia en Tlatelolco y luego llegó el día glorioso del triunfo póstumo del movimiento. El Movimiento Estudiantil Popular de 1968 ciertamente fue un parteaguas en la historia contemporánea del país, pero no por la creación de una izquierda partidista, “democrática”, electorera, oficial, domesticada; sino por el legado ideológico y organizativo, por la síntesis de sus propuestas prácticas: (a) La toma de conciencia colectiva acerca de la necesidad de un cambio político y socioeconómico, así como de la existencia de un enemigo histórico en el poder.
(b) Asumió, como actividad fundamental, la lucha por la democracia y el cambio social, pero ejercida directamente en las bases sociales y no “solicitándola” al sistema de poder a través de corruptos “representantes”.
(c) La comprobada efectividad de las tácticas organizativas celulares autónomas desarrolladas para enfrentar al sistema y para construir un poder popular independiente y paralelo. Se demostró en los hechos que es posible formar redes civiles y sociales funcionales fuera del sistema de control político y socioeconómico ejercido desde el poder”.
(Castillo, 1988: 23).
El movimiento del 68 generó una real toma de conciencia de los explotados en relación con sus explotadores y mostró posibilidades y formas de organización efectiva. Ello, unido a la indignación por el asesinato de algunos de sus líderes, amenazó con rebasar al gobierno. Estas formas de lucha resultaron peligrosas para la élite en el poder, y eficientes para la sociedad, por eso los gobiernos del momento y sus intelectuales no escatimaron esfuerzos para destruir esta valiosa aportación transformadora. Durante años golpearon a la verdadera oposición hasta liquidar la memoria histórica. Cuarenta años después, la corrupción generada y generalizada ha producido un grupo selecto de hombres que figuran entre los más ricos del mundo y ha sumido en la miseria a más de la mitad de la población mexicana. Frente a tan monstruosa desigualdad, ¿qué objetivos comunes, qué comunidad de intereses alentaría a la sociedad para "luchar hombro con hombro"?
MOVIMIENTOS SOCIALES DESPUES DEL 68
Entre 1969 y 1985 se dio una etapa de endurecimiento del Estado contra la disidencia y de fractura política del bloque social gobernante por la llamada “tecnocratización” neoliberal del gobierno. La clase política dejó de ser reactiva ante las muestras de inconformidad y organizó una ofensiva violenta radical para liquidar los brotes de descontento. Muchos grupos sociales decidieron abandonar los canales institucionales y pasaron a una verdadera guerra contra el Estado. Desde luego, la respuesta estatal fue también violenta. Luego de la represión contra el movimiento de 1968, las movilizaciones estudiantiles universitarias decayeron notablemente, pero otros sectores sociales incrementaron su actividad política opositora, sumándose incluso nuevos contingentes a los movimientos sociales tradicionales: “México 68 significó una sacudida para la población civil que hizo brotar sobre todo inquietudes, nacen con ellas las inconformidades constantes de cientos de miles de voces que se hacen presentes hasta nuestros días. […] Desde el principio se asumió la pluralidad que genera la existencia de necesidades y estrategias diferentes […]” (Lizárraga, 2003: 27).
No es posible marcar una línea divisoria clara entre los grupos propiamente armados y las organizaciones populares activas que enarbolaron reivindicaciones agrarias o sindicales. Podríamos hablar de tres grandes tipos de movimientos sociales: los sectores radicales (campesinos y estudiantiles) que intensificaron su confrontación violenta contra el Estado mexicano a través de grupos armados, los sectores sociales (ciudadanos y sindicales, urbanos todos ellos) que ejercieron sus derechos de facto a través de movilizaciones y resistencia civil, y los sectores sociales emergentes (mujeres y colectivos en defensa de la diversidad sexual, también en un contexto urbano) que iniciaron movilizaciones en demanda de respeto a sus legítimos derechos. Cada tipo de movimiento social aplicaba estrategias y tácticas de presión distintas y de manera independiente. Esta focalización, esta atomización, esta desunión, esta descoordinación, permitió al Estado mexicano enfrentar exitosamente la ola de protestas y movilizaciones contestatarias y reivindicativas. Sin embargo, terminada la fase de represión, los gobiernos priístas se encontraban debilitados, de tal manera que el relevo presidencial de 1982 dio un giro hacia la tecnocratización neoliberal del Estado mexicano con Miguel de la Madrid. En este contexto tan desfavorable ocurrieron dos situaciones que afectan directamente nuestra realidad social actual:
“[…] (1) la degradación de las fuerzas represivas que habían aplastado a la guerrilla y a la disidencia contestataria ya era inocultable e inmanejable; presionado por este hecho, el nuevo gobierno desarticuló en 1982 el aparato de seguridad contrainsurgente. Los agentes desmovilizados se dedicaron desde entonces a la protección del narcotráfico. (2) La crisis estructural sufrida por el Estado mexicano desde 1983 y la implantación de los postulados neoliberales en el país, generaron dos dinámicas opuestas que fracturaron al Estado mismo: por un lado, la aplicación a rajatabla del proyecto neoliberal provocó enorme inconformidad en la sociedad mexicana, así como la fractura del bloque político-burocrático gobernante, y por otro, la élite empresarial incrementó su participación directa en la política nacional, conquistando posiciones cada vez más elevadas dentro de la jerarquía de poder, con el fin de garantizar la aplicación del modelo neoliberal conservador.”
(Ramírez, 1998)
Ahora es evidente que el régimen posrevolucionario enfrentó, entre 1956 y 1985, un singular escenario de insurgencia social (desde huelgas y manifestaciones hasta una incipiente violencia armada) que no encontró en el partido hegemónico de Estado permeabilidad alguna, sino rechazo y respuestas autoritarias y represivas, por lo que fue incapaz de entender, y menos aún asimilar, a estos amplios movimientos sociales. Ramírez (1998) enlista cuando menos 6 factores que explican este proceso: “(1) La debilidad ideológica del partido de Estado al abandonar la definición clasista y popular, y buscar alianzas con el sector empresarial para mantener el crecimiento económico a toda costa. (2) Paradójicamente, este desarrollo económico, de naturaleza industrial, amplió las posibilidades del sindicalismo y, con ello, aumentó la base obrera. Aunque se intentó controlar este proceso a través del corporativismo oficial, no pudo evitarse una toma de conciencia gradual del proletariado urbano frente al endurecimiento empresarial. (3) El avance de las ideologías progresistas e izquierdistas a la sombra de los procesos revolucionarios en el mundo, especialmente por la influencia del triunfo de la Revolución Cubana. (4) Los efectos de la confrontación entre EEUU y URSS en la llamada “Guerra Fría” llegaron a México, subordinando paulatinamente la actuación de los cuerpos de opresión, seguridad y represión a los dictados de la seguridad nacional de EEUU. (5) Sin la disciplina militar de los primeros tiempos, y a pesar de la existencia de un espacio político de negociación, la lucha política por los puestos públicos se salió de los acuerdos grupales preestablecidos, generando violentas pugnas por el poder. (6) La falta de legitimidad política y social llevó al sistema político a buscar una cobertura legal contra las predecibles expresiones de inconformidad, instaurando una autoritarismo absoluto.”
Movimientos radicales
La represión al movimiento de 1968 constituyó un referente nítido para muchas organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles indicando que la lucha no podía ser pacífica: “El Estado se había mostrado intolerante ante las manifestaciones de protesta e inconformidad social; con ambas masacres había hecho saber a todos el destino real de las luchas populares: resignarse a la brutal represión y a la masacre, o intentar el recurso de la vía armada” (Montemayor, 2007, 24). En este contexto, la juventud estudiantil entró en una fase de radicalización que originó acciones de autodefensa y violencia revolucionaria insurreccional contra los aparatos de represión del Estado, empeñado en perseguir, encarcelar, secuestrar, desaparecer y asesinar a opositores políticos, activistas y luchadores sociales. Bajo tales circunstancias, aparecieron y se desarrollaron grupos armados político-militares que declararon abiertamente la guerra al Estado:
“Podríamos distinguir dos principales tipos de movimientos armados: los que se originaron y se asentaron en zonas primordialmente campesinas (guerrillas rurales) y aquellos que se asentaron y originaron en ciudades importantes y capitales de estados (guerrillas urbanas). La dinámica de estos movimientos fue distinta: las guerrillas urbanas se nutrieron de cuadros juveniles con una sólida formación ideológica, de tendencias sectarias que impidieron la formación de un frente nacional y sin bases sociales de sustentación consistentes. Las guerrillas rurales, en cambio, se conformaban con cuadros provenientes de comunidades campesinas, donde los lazos familiares actuaron como un poderoso factor cohesivo que suplió la falta de preparación ideológica y proveyó de una sólida base de sustentación social que los encubrió, protegió y sostuvo; así, por ejemplo, la guerrilla guerrerense del Partido de los Pobres (PdlP), que actuó entre 1967 y 1974, solo pudo ser aplastada luego de 7 años de enfrentamiento militar, pero se requirieron 6 años más, hasta 1980, de acoso policíaco-militar a las comunidades campesinas para desmantelar las bases de apoyo social a la guerrilla.”
(Montemayor, 1997: 78-79)
De acuerdo a Glockner (2007) y Castellanos (2007), entre 1971 y 1978 aparecieron varias guerrillas urbanas en Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, México, Distrito Federal y Oaxaca. También surgieron guerrillas rurales en Guerrero, Durango, Aguascalientes, Morelos, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. Hubo un importante intento por coordinar esta efervescencia político-militar opositora: “[…] en el transcurso, se intento crear una sola coordinación nacional unificada de los diferentes grupos guerrilleros, tanto urbanos como rurales. En el otoño de 1972 se iniciaron los acercamientos entre las diversas dirigencias guerrilleras, pero resultó imposible unificar las guerrillas urbanas con la guerrilla rural: los objetivos, la táctica, la estrategia y la ideología entre ambos tipos de organizaciones político-militares estaban demasiado alejadas entre sí” (Ibarra Chávez, 2006: 107). Además había limitantes importantes: “Las dirigencias de los nuevos núcleos armados clandestinos carecían de experiencia política y militar, razón por lo cual contaron con un apoyo social muy limitado. Por otra parte, para entonces ya se había constituido un aparato policíaco-militar con adiestramiento especializado, impartido en el extranjero, para afrontar esta lucha con técnicas de contrainsurgencia” (Ibarra Chávez, 2006: 106).
Para finales de la década de los setentas, la mayoría de las organizaciones guerrilleras rurales y urbanas habían sido fuertemente golpeadas o desmanteladas. Las causas de esta derrota son múltiples: “[…] la brutal represión lanzada por el Estado (la “Guerra Sucia”); la profesionalización de los cuerpos de seguridad en la lucha contrainsurgente y antiguerrillera, recibida en Estados Unidos; la actuación diferencial del Estado ante estos grupos: ante las guerrillas con amplia base social, realizó obras de beneficio social para satisfacer las necesidades más apremiantes de las poblaciones. Con los grupos pequeños y aislados, se utilizó la represión abierta y la aniquilación” (Montemayor, 2007: 84). Pero también es necesario señalar que la derrota se originó en las limitaciones de estos grupos: “[…] el militarismo en que incurrieron, el sectarismo ante otras formas de lucha social, el aislamiento en que se sumieron frente a los movimientos de masas, el voluntarismo, la pasión antepuesta a la razón, la falta de discusión política y autocrítica que dio paso a análisis subjetivos de la realidad, y la inexperiencia política previa tanto de las dirigencias como de los militantes” (Ibarra Chávez, 2006: 112). Las población del país, que supuestamente debería reaccionar frente a las acciones guerrilleras con una toma de conciencia acerca de la naturaleza del Estado mexicano, con movilizaciones o con cualquier acción revolucionaria, no respondió conforme al planteamiento de los grupos armados. Dado el aislamiento de estos grupos y el carácter clandestino de sus actividades, las masas permanecieron inmóviles e indiferentes, pues no existía vínculo alguno entre los guerrilleros y la ciudadanía.
Movimientos de resistencia civil
Para otros movimientos sociales, el Movimiento Estudiantil Popular de 1968 constituyó el fin de un ciclo de movilizaciones populares y de izquierda, así como el inicio de una nueva etapa: “La primera mitad de la década de los setentas estuvo marcada por el impacto ideológico y cultural del desenlace del movimiento del 68; se caracterizó, además, por un significativo trastocamiento de las relaciones políticas de la sociedad mexicana, […] provocando la fractura de la unidad burocrática y la reedición del populismo cardenista, […] abriendo el espacio a la movilización y la lucha de otros sectores populares” (Moguel, 1987: 24-25). Durante la primera mitad de la década de 1970, los movimientos sociales iniciaron un proceso de reciclaje y diversificación, si bien sus demandas no variaron de aquellas históricamente reconocidas (mejor calidad de vida, mejoras laborales, reparto de tierras, democracia, autonomía): “Aparece un nuevo y pujante movimiento campesino nacional e independiente del Estado, y de sus mecanismos tradicionales de control, en lucha por la tierra y la democracia; surgen las luchas urbano-populares de los “paracaidistas” o posesionarios en un inédito movimiento social de gran envergadura en las principales ciudades del país; los estudiantes reencauzan su movimiento vinculándolo masivamente con movimientos emergentes; y se abre un nuevo ciclo de movilizaciones obreras pugnando por la democracia sindical y la redefinición del desarrollo económico” (Moguel, 1987: 25).
Esta serie de conflictos entre Estado y sociedad detonó en una incontenible crisis política que coincidió con el total desgaste del modelo económico: “Esta época marca el inicio de una crisis económica de largo alcance que obligó al Estado a adecuar su retórica de dominio hacia el populismo, mientras que, simultáneamente, desarrollaba una guerra de baja intensidad (lo que hoy es conocido como la Guerra Sucia), que consistió en asesinatos y desapariciones de miles de ciudadanos que hasta la fecha permanecen impunes” (Cockcroff, 2001: 179). En este contexto, el Estado mexicano desplegó una táctica de golpeo contra los sectores populares contestatarios: “[…] la represión se extendió significativamente sobre todos los movimientos en desarrollo, pero se concentró en la aniquilación de la corriente democrática sindical de los trabajadores. Con esta labor dual, fue encontrando el antídoto, a tal grado que para 1976 había anulado los frutos del 68” (Moguel, 1987: 26). El Estado realizó un trabajo sutil: después de la represión abierta, se cubrió el flanco de la legitimidad: “Esta labor múltiple logró destruir a las izquierdas genuinas, las convirtió en organizaciones donde la conciencia de cambio, de enemigo y la táctica de la organización civil habían sido sustituidas por el regreso al paradigma de las elecciones con partidos controlados por el sistema” (Castillo, 1988: 21). Estas organizaciones, en cuya dirección tenían parte destacada los disidentes colaboracionistas del movimiento de 1968 y de los grupos guerrilleros vencidos, ya no representaban peligro alguno para el Estado, así que en la llamada Reforma Política realizada en 1977, ya siendo presidente José López Portillo, se les otorgó registro oficial.
La desarticulación política del movimiento sindical democratizador y la represión de otros movimientos sociales coincidió con un relanzamiento de una variante del modelo de “Desarrollo Estabilizador: “hacia 1977 el gobierno mexicano anunció nuevos descubrimientos petroleros (el mega yacimiento de Cantarell) que permitirían el desarrollo del país con base en la explotación de los hidrocarburos, pero financiado con desproporcionados préstamos internacionales” (Cockcroff, 2001: 181). Ocurrió así un intenso proceso de reestructuración de las relaciones de clase en la sociedad mexicana, así como un predominio hegemónico del sector monopólico-financiero de la burguesía dentro de la élite en el poder. Se cerró así el ciclo ofensivo sindical de mayor envergadura desde finales de la década de 1950: “a partir de 1976-1977 los movimientos sociales entraron en una nueva y larga etapa defensiva y de repliegue, imposibilitados para neutralizar los efectos del nuevo y pujante proceso de reestructuración capitalista que encuentra en la disminución histórica de la remuneración salarial y de los niveles de vida de los trabajadores una veta preciosa para su impulso y desarrollo” (Moguel, 1987: 27). Al mismo tiempo, la clase media encontró un respiro en la caída de sus niveles de vida y recuperó parte de sus posiciones perdidas en los 10 años previos. “A partir de este momento, los movimientos sociales tendrán dos rasgos distintivos: la debilidad de sus ejes sociales y políticos básicos de convocatoria y de articulación en la lucha global contra el Estado, y el carácter desconcentrado de su desarrollo, abierto sobre ejes programáticos reivindicativos orientados a objetivos regionales, sectoriales o corporativos” (Moguel, 1987: 27).
Hacia 1982 la situación giró bruscamente al estallar la crisis estructural del capitalismo mexicano y sobrevenir el colapso económico: “Las empresas paraestatales despilfarraban y perdían grandes cantidades de dinero. […] Ni la exportación de petróleo, ni el incremento en la recaudación fiscal, ni la impresión de más moneda bastaban para cubrir los exorbitantes gastos de la maquinaria oficial, mientras la deuda externa se incrementaba y la inflación seguía carcomiendo el poder adquisitivo de la población. […] El derroche de la riqueza pública en suntuosas e inútiles actividades gubernamentales era marcado. […] Finalmente sobrevino la bancarrota del Estado mexicano al no poder pagar los intereses de la deuda externa y ante el agotamiento de las reservas de divisas del Banco de México […]” (Cockcroff, 2001: 187 - 191). Los sectores dominantes dentro de la burguesía mexicana iniciaron entre sí un violento enfrentamiento por mantener, ahondar o modificar las opciones del cambio estructural requerido por el país. Ante tal esquema de desastre económico nacional, las movilizaciones sociales adquirieron un vigoroso impulso que culminó con las movilizaciones huelguísticas en la segunda mitad de 1983 (el Primer Paro Cívico Nacional) y la primera mitad de 1984, pero siempre en condiciones defensivas: “[…] la coyuntura abierta de lucha y movilizaciones, registró un creciente descontento social y un gradual endurecimiento de la oligarquía que no se había observado desde principios de los setentas” (Moguel, 1987: 50-51). El Estado echó mano entonces del corporativismo para desarticular y replegar políticamente a las fuerzas de izquierda dominantes en el movimiento sindical, abriendo una nueva etapa represiva selectivamente violenta.
Ante la evidente situación de crisis económica existente en México, el sector empresarial pugnó por una nueva conducción de la economía, que sería implementada a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, pronunciándose por el establecimiento de la llamada “economía social de mercado” (neoliberalismo), orientado a modificar las formas de relación entre el Estado y la sociedad, con la finalidad de alcanzar mayores privilegios e incluso escalar posiciones importantes en la estructura del poder político: “[…] se daba fin al nacionalismo económico, terminaba la actuación del Estado socialmente benefactor, se preservaba la libre competencia, se eliminaban los controles de precios y se pugnaba por la eliminación de la lucha de clases” (García Martínez, García Ramírez, Medina González, et al, 2002: 548). A mediados de 1985, el gobierno mexicano se comprometió con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a iniciar un proceso de privatizaciones como condición para recibir más préstamos. No hubo crecimiento económico y bajaron aceleradamente los niveles de vida en general. En medio de esta situación, los movimientos sociales se replegaron frente a una intensa ofensiva política y represiva gubernamental, iniciándose un largo periodo de crisis y desarticulación de los núcleos y movimientos sociales: “[…] todo nuevo intento de avance general se agotó rápidamente, imponiéndose la línea de desconcentración y repliegue, división interna y estancamiento […]; paradójicamente, la crisis del capitalismo ha determinado la crisis de los movimientos sociales, desplegándose como una crisis orgánica: de crecimiento, de vinculación, de formas y mecanismos de gestión y decisión […]” (Moguel, 1987: 60-61).
Hacia fines de la década de 1980, la aplicación del modelo neoliberal en México generó una coyuntura que amenazaba con fragmentar al Estado mexicano: “El agravamiento de la crisis y la aplicación del neoliberalismo generó un alto grado de inconformidad social, resultando en la emergencia de una sociedad más combativa frente a un régimen caduco caracterizado por el autoritarismo y el predominio del partido oficial. Hacia 1988, dentro de dicho partido, apareció una corriente nacionalista opuesta al neoliberalismo que terminó por fragmentarlo. El PRI dejó de ser el partido hegemónico del país. Simultáneamente, la élite empresarial del Norte y del Bajío, defensores a ultranza del modelo neoliberal, incrementaron su participación política dentro de la oposición “derechista” (el PAN), escalando puestos y posiciones dentro de la estructura del Estado mexicano, con la finalidad de defender y profundizar sus privilegios y sus propuestas” (García Martínez, García Ramírez, Medina González, et al, 2002: 550). En este contexto de confrontación generalizada se realizaron las nuevas elecciones en 1988, cuyo resultado fue impugnado tanto por nacionalistas como por empresarios, así como por buena parte de la sociedad. Sin embargo, resultó impuesto, a través de un fraude electoral, el nuevo presidente, Carlos Salinas de Gortari. En algunas comunidades rurales marginadas del Bajío y el Occidente del país se propuso la vía armada para oponerse a dicha imposición, pero su llamado no tuvo respuesta nacional y se apagó con rapidez. Sin embargo, la inconformidad social estaba presente y era patente que lo único que impedía su estallido eran las condiciones objetivas imperantes.
Movimientos emergentes
Como se apuntó anteriormente, tras el movimiento del 68, una enorme cantidad de grupos de activismo social, político y cultural intentaron, sin mucho éxito, construir una coordinación para defender las autonomías y lograr la liberación social, en un sentido más amplio; así como para oponerse a las continuas, arbitrarias y elitistas políticas sociales, económicas y culturales impuestas desde el Estado mexicano. En este contexto, dos sectores amplios destacaron al iniciar sendos movimientos pugnando por el reconocimiento jurídico y práctico de sus derechos e intereses: las mujeres y la comunidad de diversidad sexual. En el primer caso, la cultura occidental, de naturaleza clasista y patriarcal, aplicaba como norma natural la exclusión femenina: “Se considera a las mujeres excluidas del orden social y de la historia, por el lugar inferior que han ocupado siempre y por integrar un género (el género femenino), categoría que es natural, no sociocultural (el mito de la llamada “naturaleza femenina”), y que carece de valor histórico” (Lagarde, 1992: 225). Al visualizar a las mujeres como entes naturales no históricos o, cuando mucho, como objetos en la historia, quedaron automáticamente definidas como minoría política dentro del Estado, carente de expresión jurídico-política: “El Estado mismo es ambiguo respecto a las mujeres: por un lado impulsa y ejecuta procesos de desestructuración patriarcal de las mujeres, y por otro, simultáneamente, crea los espacios sociopolíticos que permiten la reproducción de su condición patriarcal. Para las mujeres, el Estado es contradictorio: libertario y opresivo. Pero es claro que las incluye y lo que le ocurra les atañe” (Lagarde, 1992: 227). Al detonar los movimientos sociales radicales, especialmente tras la represión del Movimiento Estudiantil Popular de 1968 y la radicalización de grupos político-militares clandestinos en las ciudades, las mujeres encontraron una vía de expresión y participación social y política que no habían tenido desde la Revolución:
“Para las mujeres de finales de los sesentas y principios de setentas, la vida revolucionaria no solo significaba participar en política, era plenamente libertaria, en todos los sentidos. […] Sus edades oscilaban entre los 17 y los 25 años. […] De un día para otro, estas adolescentes habían renunciado a estudios, amistades y familia, rompiendo con el yugo paterno, para entrar a la clandestinidad. […] El mundo occidental vivía una oleada feminista en la que el centro de los debates era la revolución sexual y la división sexual del trabajo. […] En el arranque, pocas mujeres formaban parte de la dirección de estas organizaciones, en su mayoría colaboraban en actividades de propaganda, agitación, educación, discusión política, enlace, coordinación regional y como combatientes. […] Conforme el embate represivo se fue haciendo más feroz, la presencia femenina aumentó hasta llegar a cargos de dirección nacional […], desempeñando actividades de mayor riesgo, mientras se multiplicaban sus aprehensiones y muertes”.
(Castellanos, 2007: 209-210, 263-264)
Dentro de las concesiones arrancadas al Estado a finales de la década de 1970, se encontraba la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, y la derogación de leyes que prohibían la promoción y venta de anticonceptivos. A raíz de estas concesiones, la sociedad mexicana patriarcal comenzó a experimentar alteraciones al reconocerse la identidad de las mujeres, la naturaleza y el valor de sus relaciones sociales y las redes políticas que las organizan: “Se han modificado la sexualidad, la ética, las representaciones, el lenguaje y la subjetividad en torno a la feminidad y lo femenino” (Lagarde, 1992: 232). La conciencia social acerca de la necesidad del progreso de las mujeres como condición para el progreso social conjunto se fue transformando en prioridad nacional debido a una combinación de circunstancias: “(1) La entrada del país al desarrollo “modernizador y democrático”, exigido internacionalmente como condición de apoyo y ayuda económica; (2) el desarrollo mismo de la democracia burguesa en México, al permitir la educación y profesionalización femenina; y (3) el cambio (aunque parcial) del contenido patriarcal de la ética social, influido por las corrientes feministas externas” (Lagarde, 1992: 233).
En el caso de los colectivos defensores de la diversidad sexual, la situación es dramáticamente distinta, aunque inextricablemente unida al proceso del movimiento feminista mexicano. El carácter patriarcal y clasista del Estado mexicano (y de la sociedad mexicana, en su conjunto) se exacerba frente a la homosexualidad, la bisexualidad, o cualquier otra forma de expresión de la diversidad sexual humana. Si a las mujeres se les considera inferiores, a los colectivos humanos practicantes de otras formas de sexualidad se les niega toda existencia. Si las mujeres son reconocidas, al menos, como objetos en la historia, los homosexuales, bisexuales, etc., simplemente no tienen cabida en la historia. Si las mujeres constituyen una minoría política dentro del Estado, las comunidades defensoras de la diversidad sexual no llegan siquiera a eso. Esta situación se reflejó incluso al interior de los movimientos sociales más radicales: “Dentro de estas organizaciones nunca trascendió un caso de homosexualidad o bisexualidad, ni siquiera se plantearon la posibilidad de esas opciones. Se entendía que los revolucionarios “eran muy machos” o “muy machas”, y algunos probaban tal aseveración mostrando un aire temerario, intrépido, atrevido, seductor, que ocasionó no pocos problemas internos, así como muchas aprehensiones y muertes carentes de sentido” (Castellanos, 2007: 210). El movimiento de 1968, al impugnar, entre muchas otras cosas, la producción elitista del conocimiento científico al servicio de una sociedad racista, clasista, sexista y normalizante, abrió la posibilidad de discutir la diversidad sexual sin la etiqueta de “perversión contranatura”. No obstante, serían las concesiones, bastante menores, que hizo el Estado a las mujeres a finales de la década de 1970, las que impactaron profundamente en el desarrollo del movimiento por la diversidad sexual:
“[…] el México analfabeto fue un elemento más en la problemática social. El movimiento por la diversidad sexual en México no logró en ese entonces programar y llevar a cabo con eficacia planes de trabajo que subsanaran una falta de discurso reivindicativo. […] Los grupos crecían numéricamente con rapidez, y constantemente se tenía que comenzar de nuevo. […] El movimiento por la liberación de la diversidad sexual en México vivió al día, dividiéndose y aislándose en innumerables grupos […] La incomunicación redundó en pugnas abismales entre estos grupos […] Sin embargo, hubo un avance colectivo importante: perder el miedo a la palabra en el espacio abierto y público”.
(Lizárraga, 2003: 57-60)
Sería, una vez más, un evento internacional, externo, el que cambiaría el desarrollo de este movimiento: el inicio, a mediados de la década de 1980, de la pandemia global del Síndrome de Inmuno-Deficiencia Adquirida (SIDA), provocado por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). En un primer momento, se difundió la falsa idea de que era una enfermedad propia de practicantes de variantes de la sexualidad humana no aceptadas socialmente, lo cual cargó sobre estas comunidades un doble escarnio: por un lado, eran “raros” y, por otro, culpables de la “desgracia ajena”. Incluso hubo conatos de criminalización en su contra. Conforme los datos técnicos y científicos fueron fluyendo, quedó demostrado que esta afirmación tenía claros tintes discriminatorios y excluyentes. Así, desde finales de la década de 1980, y sobre todo durante la década de 1990, se desarrolló a nivel mundial un amplio movimiento en defensa de los derechos de estos colectivos, lo cual posibilitó un impulso inédito al movimiento por la diversidad sexual en México.
Etapa neoliberal: la destrucción del Estado y los movimientos sociales
La quiebra del Estado mexicano a mediados de la década de 1980, dejó al país totalmente inerme ante las exigencias de la burguesía mundial y las imposiciones de la burguesía nacional. La situación se agravó considerablemente con el derrumbe económico del bloque “socialista” de Europa Oriental y la extinción de la URSS en 1991. Al finalizar la “Guerra Fría” con el triunfo del modelo capitalista burgués occidentalizado (“democrático”, “de libre mercado”, “defensor de los derechos humanos”), hegemonizado por los EEUU, las condiciones globales cambiaron drásticamente. México se vio completamente sometido a los dictados de los vencedores, expresados a través de organismos internacionales de asistencia económica (FMI y BM): “Con la aceptación de México al Acuerdo General sobre Aranceles (GATT) en 1986, la práctica del libre mercado indiscriminado se puso en práctica como modelo económico nacional; esto se profundizó con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1992. La modernización económica del país basada en la globalización y el neoliberalismo ha provocado: desindustrialización nacional, decrecimiento del mercado nacional, profundización de la crisis agropecuaria, aumento de la dependencia alimentaria, disminución de las fuentes de empleo, incremento de la deuda externa, declive pronunciado del poder adquisitivo salarial, entrega acelerada de recursos fundamentales de la Nación (agricultura, biodiversidad, minería, energéticos y recursos hídricos) a capitales monopólicos transnacionales de origen extranjero” (Cockcroff, 2001: 351). La firma del TLCAN subordinó por completo a la economía mexicana a las inversiones extranjeras, iniciando un acelerado proceso de desmantelamiento del Estado y privatización en todas las ramas de la economía y de la seguridad social.
Lógicamente, la inconformidad social alcanzó grados pocas veces vistos. Prácticamente todos los movimientos sociales se vieron dinamizados por esta agitación social: apenas iniciado 1994, mientras entraba en vigor el TLCAN, estalló en Chiapas el levantamiento armado campesino e indígena del EZLN, las movilizaciones ciudadanas de apoyo a los indígenas campesinos en las ciudades, particularmente en el Distrito Federal, obligaron al Estado mexicano a negociar una tregua con los rebeldes chiapanecos (tregua que se mantiene hasta hoy, aunque cada vez con menor certidumbre). Dos años después, en 1996, como resultado de nuevas masacres contra campesinos inconformes, aparecieron nuevos grupos político-militares clandestinos (EPR, ERPI, FARP, TDR-EP) formados a partir de los núcleos guerrilleros sobrevivientes de la década de 1970. Estos movimientos radicales no han variado esencialmente su postura: el Estado mexicano es una estructura controlada por una élite oligárquica aliada a intereses extranjeros y no responde a las necesidades e intereses de la sociedad mexicana, por lo tanto es necesario arrebatar el control del Estado a dicha élite y utilizar su estructura para cambiar radicalmente al país. Esto implica, consecuentemente, una nueva revolución social violenta.
Los movimientos de resistencia civil han sufrido suertes variadas. Los movimientos sindicalistas de trabajadores y obreros permanecen en su letargo, su repliegue, su división interna y su estancamiento. Los movimientos urbanos populares se convirtieron en grupos de choque y presión de facciones políticas con el fin de lograr objetivos políticos inmediatos y personales de las dirigencias, entraron así a una dinámica de corporativismo y clientelismo político que ha ido desvirtuando sus objetivos y estrategias. Los burócratas siguen estando controlados por el corporativismo estatal. Los campesinos mantienen luchas agrarias frente al nuevo despojo neoliberal, pero aún no han integrado una organización amplia, nacional e incluyente capaz de enfrentar exitosamente al Estado y a sus aliados internos y externos.
En cuanto a los movimientos emergentes, la destrucción de economías y sociedades comunitarias y de reparto anuló muchos avances en el desarrollo del movimiento feminista mexicano, eliminándose buena parte del modelo de democratización limitada de la mujer. Las mujeres han modificado sus lenguajes (corporales, verbales, visuales), sus valores, sus normas y su comportamiento. Ha conquistado la categoría de ciudadana con base en múltiples luchas y debates sociales, políticos, económicos y culturales. Sin embargo, […] “su participación política formal es minoritaria y limitada como base de apoyo en procesos de poder masculinos. Siguen siendo las grandes perdedoras en la competencia socioeconómica frente a los hombres. Han sido las primeras víctimas en los procesos políticos fraudulentos, eliminando sus derechos políticos de facto. Lo mismo ocurre cuando se aplican mecanismos de control social y represión en contra de movimientos sociales contestatarios en los últimos años. Muchas mujeres recién integradas son enajenadas de la política. Aquellas que obtienen algún cargo o alguna posición política se asimilan a las formas masculinas de ejercer el poder, sometidas patriarcalmente a los hombres y a los poderes de su mundo” (Lagarde, 1992: 235). El caso de los movimientos por la defensa de la diversidad sexual es paradigmático: a raíz del auge mundial de la defensa de los derechos humanos al finalizar la Guerra Fría, declaran que su lucha pertenece a tal esfera. Ante la imposibilidad de parar al movimiento y requiriendo una bandera de legitimación ante una sociedad irritada, el Estado ha dado concesiones a este movimiento con el fin específico de manipularlo y presentarse con una fachada de modernización, apertura, democracia, como antes lo hiciera con el movimiento feminista.
CONCLUSIÓN: AQUÍ Y AHORA… ¿Y DESPUÉS…?
“Los movimientos sociales en México no solo nacieron dispersos, sino que han permanecido así, auto engañándose en una infértil búsqueda de coordinación y cooperación mutua […]”
Xabier Lizárraga
La distribución del ingreso en México sigue siendo una de las más desiguales en el mundo. Se calcula que el 10% de la población económicamente activa percibe el 46% del Producto Nacional, en tanto que el 60% de esta población solo percibe el 26% del Producto Nacional. Por cada familia rica hay 21 familias marginadas. En las zonas rurales, la pobreza no se ha incrementado, pero en las ciudades el incremento de la miseria ha sido enorme; además, las zonas más marginadas del país son áreas serranas rurales y las zonas menos marginadas se ubican dentro de las grandes ciudades (Distrito Federal y Monterrey). Los regímenes del México posrevolucionario han tendido a institucionalizar la desigualdad y la miseria. Las políticas sociales aplicadas han sido limitadas y focalizadas, debilitando el concepto de ciudadanía (pues no constituyen un derecho, sino un favor), facilitando la manipulación de algunos movimientos sociales y la represión sistemática del resto. La evidente incapacidad de atender las demandas sociales, alienta la actuación de movimientos reivindicativos, e incluso contestatarios, que naturalmente desarrollan acciones autónomas. Esta autonomía es, de hecho, un riesgo para la conservación del poder en manos de una élite oligárquica burguesa, por lo que continuamente busca mecanismos para controlar, mediatizar o reprimir a los movimientos sociales, desactivando su potencial revolucionario. Con los regímenes neoliberales implantados (incluso por medio del fraude electoral en 1988 y en 2006) desde 1983, México ha retomado la condición que tenía 100 años antes, bajo la dictadura porfirista.
Ahora vivimos en un país más complejo y fragmentado: “[…] se acabó el país del partido único y de la oposición inexistente, de la exclusividad católica, del corporativismo social tradicional y del monolitismo informativo. Si algo ha cambiado durante los años de crisis han sido los perfiles de los actores sociales, su relación con el Estado y la dinámica de los movimientos sociales” (Alonso, Aziz-Nassif y Tamayo, 1992: 10). Los trabajadores han dejado de ser masas organizadas en poderosas corporaciones que aseguraban el poder del Estado y de su partido hegemónico a cambio de seguridad social y un salario remunerador; los campesinos ya no son la figura mítica de la Revolución, ahora son emigrantes que dejan la vida intentando pasar hacia EEUU con la finalidad de sobrevivir, mientras el campo representa la mayor quiebra del corporativismo oficial; hoy existen docenas de instituciones agrarias independientes del Estado pero la posibilidad del reparto de tierras se agotó frente al descarado acaparamiento de las grandes transnacionales agroindustriales; los indígenas siguen siendo un problema para el Estado, entre la integración y la autonomía no se termina de resolver el conflicto; los intelectuales se han fragmentado entre los que se distancian del Estado y lo critican, y los que se han integrado a él y han decidido cooperar, en una nueva versión del escenario post-1968; las mujeres han consolidado su protagonismo social a la sombra del apoyo estatal, que las ha tomado como bandera de legitimación social y política, manipulando sus movilizaciones y sus reivindicaciones; los grupos defensores de la diversidad sexual se encuentran en ese mismo proceso; la burocracia se rebeló a su manera, pero sigue sujeta al corporativismo oficial intransigente, constituyendo el último núcleo sometido al control social tradicional;
Cuarenta años después del movimiento de 1968, el panorama sociopolítico es desolador: la calidad y el prestigio de las universidades públicas ha descendido drásticamente, a la vez que las universidades privadas carentes de calidad y de seriedad alguna, así como las universidades confesionales controladas y explotadas por la Iglesia, se multiplican por todo el país, haciendo que cada vez sea más difícil para el pueblo mexicano alcanzar una educación universitaria. Ya no gobierna el viejo partido hegemónico de Estado, el PRI ha sido sustituido desde el año 2000 por el partido que agrupó, desde 1939, a los restos del porfirismo, a los grupos más reaccionarios y fanáticos de la derecha, a los empresarios más proclives al fascismo: el Partido Acción Nacional (PAN). Las esperanzas, las utopías, que llevaron a una generación a rebelarse, se estrellaron contra la fuerza de una maquinaria infinitamente más poderosa que no hemos alcanzado a comprender a plenitud. Hoy, en México, es corrupta la Presidencia de la República y cada una de sus Secretarías; son corruptas las Cámaras de Diputados y de Senadores; es corrupta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cada uno de sus Ministros, Magistrados y Jueces; es corrupta la Iglesia y cada uno de sus Jerarcas, en toda su Jerarquía; son corruptos los Gobernadores, los Presidentes Municipales, los Tribunales de todos los niveles y especialidades, los Congresos locales, los Cabildos, los Partidos Políticos de izquierda, de centro o de derecha; son corruptos los Sindicatos, los Empresarios, los Medios de Comunicación, la Prensa; son corruptos los policías, el Ejército, los profesionistas de todas las especialidades y categorías. Somos un país saqueado, explotado, controlado y manipulado a tal grado que pareciera que la generación del 68 es una generación derrotada y que las generaciones actuales no tienen futuro viable a largo plazo.
¿Existe alguna esperanza para México?... “El Estado mexicano ha sufrido mutaciones a partir de la confrontación con los movimientos sociales. Entender la dinámica de éstos permite también conocer las posibilidades de cambio del Estado. Los movimientos sociales pueden actuar como instrumentos de la sociedad para disputar espacios de poder y de decisión al Estado” (Alonso, Aziz-Nassif y Tamayo, 1992: 11). El estudio de la historia nos muestra que durante eventos de crisis y ante la incapacidad del Estado para resolverlos, la sociedad se organiza en respuesta. Pero esta tendencia encuentra una doble dificultad: por un lado, los partidos políticos (que forman parte del Estado) usan a los movimientos sociales a favor de un clientelismo político; por otro, la opresión mediática que trata de manipular a la sociedad, desvirtuando al percepción de la realidad objetiva, así como la represión selectiva (y a veces generalizada) empleada contra las movilizaciones más radicales y refractarios a los mensajes de los grupos de poder. En este contexto, resulta indispensable, urgente, recuperar las experiencias de los movimientos sociales previos con la finalidad de aplicar estrategias de lucha exitosas, adaptadas a las nuevas circunstancias. Debemos considerar impostergable la unidad de los movimientos sociales en México, porque las condiciones del país nos indican que, en un futuro muy cercano, es altamente probable un estallido social de enormes consecuencias para todos; contingencia para la cual, de manera inequívoca, el Estado mexicano se ha estado preparando…
FUENTES BIBLIOGRAFICAS
1. Alonso, Jorge; Aziz-Nassif, Alberto y Tamayo, Jaime. “Presentación”, en El nuevo Estado mexicano, actores y movimientos sociales, México, Editorial Patria-Nueva Imagen, 1992, pp. 9-11 (El Nuevo Estado Mexicano, T. III).
2. Aguilar Mora, Manuel. La crisis de la izquierda en México. Orígenes y desarrollo, México, Juan Pablos Editor, 1978, 192 pp.
3. Becerra Juárez, Efraín; Correa Villanueva, Yolanda M.; Costa Ayube, Ramón; García Martínez, Fernando; Rivera Hernández, Ramiro y Tovar Tolentino, José Luis. “México en el contexto mundial, del último tercio del siglo XIX a la primera mitad del siglo XX”, en Historia de México en el Contexto Universal (Siglo XX), México, Colegio de Bachilleres, 2002, pp. 13–74.
4. Boltvinik, Julio. “José Revueltas, el movimiento del 68 y la autogestión académica”, consulta electrónica pública, Periódico La Jornada, Sección: Opinión, México, 12 de diciembre de 2008. (http://www.jornada.unam.mx/2008/12/12/index.php?section=opinion&article=028o1eco)
5. Castellanos, Laura. México armado: 1943-1981, México, ERA, 2007, 383 pp.
6. Castillo, Pedro. La Lucha de Clases en el 68, ensayo inédito proporcionado por la organización civil “Coordinación Ciudadana A.C.”, México, 1988, 23 pp.
7. Cockcroff, James D. La esperanza de México, México, Siglo XXI Editores, 2001, 367 pp.
8. De la Cruz Gamboa, Alfredo y Robles de De la Cruz, Brunilda. “Movimientos Sociales en México a fines del siglo XIX y principios del siglo XX”, en Historia contemporánea de México (Siglo XX), México, Ediciones Artículo Tercero, 1981, pp. 37–49.
9. Ehrenreich, Barbara y Ehrenreich, John. Itinerario de la Rebelión Juvenil (1968-1969), México, Nuestro Tiempo, 1970, 106 pp.
10. García Martínez, Fernando; García Ramírez, Ambrosio; Medina González, Mario; Rodríguez Ramos, Juventino y Salinas Granados, Gustavo. “Las últimas administraciones de fines del siglo XX. Avances y contradicciones de la modernidad”, en Historia de México en el Contexto Universal (Siglo XX), México, Colegio de Bachilleres, 2002, pp. 512–561.
11. Gallo T., Miguel Ángel; Ruiz Ocampo, Humberto y Franco Torres, Matias. Historia de México Contemporáneo. De Zapata a Marcos, México, Quinto Sol, 1996, 310 pp. (Textos Universitarios).
12. Glockner, Fritz. Memoria Roja. Historia de la guerrilla en México (1943-1968), México, Ediciones B-Grupo Zeta, 2007, 334 pp.
13. Gómora, Héctor. En busca del verdadero 68, en: Revista Laberinto, publicación quincenal electrónica, México, 2005. (http://laberinto.uma.es)
14. Ibarra Chávez, Héctor Ángel. Pensar la guerrilla en México, México, Ediciones Expediente Abierto, 2006, 199 pp.
15. Jiménez Cantú, Juan Ramón. La otra historia de la izquierda mexicana, artículo público electrónico, México, 2005.
(http://www.estamosunidosmexicanos.com/contenido_hemeroteca.php?tb=hem_pemex_internacional&id=5)
16. Lagarde, Marcela. “El feminismo: alternativa al Estado patriarcal mexicano”, en El nuevo Estado mexicano, actores y movimientos sociales, México, Editorial Patria-Nueva Imagen, 1992, pp. 225-264 (El Nuevo Estado Mexicano, T. III).
17. Lizárraga, Xabier. Una historia sociocultural de la homosexualidad, México, Paidós, 2003, 237 pp.
18. Mancisidor, José. Síntesis Histórica de los Movimientos Sociales en México, México, Centro de Estudios Históricos de los Movimientos Sociales, 1976, 252 pp. (Cuadernos Obreros, N° 10).
19. Moguel, Julio. Los caminos de la izquierda, México, Juan Pablos Editor, 1987, 146 pp.
20. Montemayor, Carlos. Chiapas. La rebelión indígena de México, Random House Mondadori, 1997, 398 pp. (Debate).
21. Montemayor, Carlos. La guerrilla recurrente, México, Random House Mondadori, 2007, 278 pp. (Debate).
22. Powell, T. G. El liberalismo y el campesinado en el centro de México (1850 – 1876), México, Secretaría de Educación Pública, 1974, 191 pp. (Sep/Setentas, N° 122).
23. Ramírez, Carlos. Echeverría, la troika de la represión, en: Revista La Crisis, publicación quincenal electrónica, México, 1998. (http://lacrisis.com.mx).
24. Santucho, Julio. Los últimos guevaristas. La guerrilla marxista en Argentina (1966-1983), Buenos Aires, Vergara Grupo Zeta, 2004: 257 pp.
25. Scherer García, Julio y Monsiváis, Carlos. Parte de Guerra. Documentos del General Marcelino García Barragán sobre 1968, México, Aguilar - Nuevo Siglo, 1999, 269 pp.
26. Scherer García, Julio y Monsiváis, Carlos. Los Patriotas. De Tlatelolco a la Guerra Sucia, México, Aguilar - Nuevo Siglo, 2004, 199 pp.
No hay comentarios:
Publicar un comentario